La denuncia penal presentada por el exconcejal y abogado Mariano Giampaolo por la contratación directa de VITSA para la recolección de residuos en Concordia lleva alrededor de dos meses y medio sin que, según cuestionó la concejal Carolina Amiano, se conozcan medidas concretas de la investigación. La Fiscalía, sin embargo, conformó en julio un equipo integrado por tres fiscales para analizar el expediente. En el medio, hay un contrato millonario y una pregunta que sigue abierta: ¿cuándo llegará la Justicia cuando se discute el destino de recursos públicos?
Hay causas que avanzan a la velocidad de los hechos y otras que parecen quedar atrapadas en los tiempos de los expedientes. La denuncia por la contratación de VITSA en Concordia pertenece, por ahora, a este segundo grupo.
El 12 de junio, Mariano Giampaolo presentó una denuncia penal para que se investigue el procedimiento mediante el cual la Municipalidad de Concordia contrató en forma directa a VITSA Soluciones Ambientales S.A. para prestar parte del servicio de recolección de residuos. La presentación cuestiona, entre otros aspectos, la forma y los tiempos en que se produjo la contratación y plantea la posible existencia de irregularidades que deberán ser determinadas por la Justicia.
Desde entonces, el expediente quedó bajo análisis del Ministerio Público Fiscal. En julio se conoció que el fiscal coordinador dispuso la conformación de un equipo de tres fiscales: Martín Núñez, Julia Rivoira y Daniela Montangie. Según la información publicada en ese momento, la denuncia contiene una importante cantidad de documentación y el paso siguiente era analizarla y solicitar informes antes de definir nuevas medidas.
Pero para Carolina Amiano, presidenta del bloque de concejales del Partido Justicialista, el ritmo de la investigación no alcanza.
La edil cuestionó públicamente que, transcurrido ese tiempo, no se hayan conocido avances visibles en la causa y planteó incluso la posibilidad de que Giampaolo evalúe una eventual recusación de los fiscales intervinientes. Amiano sostuvo que existe una diferencia llamativa entre la velocidad con que se tramitan algunas causas y la demora que observa en este expediente.
Y ahí aparece el problema de fondo.
Porque mientras el expediente espera definiciones, los recursos públicos no esperan.
La contratación de VITSA fue cuestionada desde distintos sectores por el procedimiento utilizado. En marzo, el Concejo Deliberante declaró la emergencia ambiental, una decisión que permitió al Ejecutivo avanzar con una contratación directa para atender parte de la recolección de residuos. La oposición planteó dudas sobre el procedimiento y sobre la secuencia temporal de los hechos. Entre los elementos señalados en la denuncia aparece, por ejemplo, la presencia de camiones de la empresa en Concordia antes de la aprobación de la emergencia ambiental del 19 de marzo, un aspecto que deberá ser corroborado o descartado dentro de la investigación.
También fue cuestionado el volumen económico de la contratación. En junio, las concejalas Carolina Amiano y Claudia Villalba pidieron la intervención del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y señalaron que el contrato compromete más de 3.000 millones de pesos anuales de recursos municipales. El pedido buscó que el organismo de control analizara la legalidad del procedimiento, la razonabilidad económica, la documentación administrativa y el eventual impacto sobre el patrimonio municipal.
No se trata solamente de una discusión entre oficialismo y oposición.
Detrás de los expedientes hay plata que pertenece a todos los vecinos. Hay trabajadores, barrios, calles y un servicio esencial como la recolección de residuos. Y hay una administración municipal que debe poder explicar, con documentos y argumentos, por qué tomó cada decisión y cuánto le cuesta al Estado.
Por eso la pregunta no debería ser solamente política.
Debería ser institucional.
¿La contratación fue correcta? ¿Se respetaron los procedimientos? ¿El precio pagado resulta razonable? ¿Existieron controles suficientes? ¿Hubo funcionarios que actuaron de manera irregular?
Ninguna de esas preguntas puede responderse desde una nota periodística ni desde una denuncia política. La respuesta corresponde a los organismos de control y, si corresponde, a la Justicia.
Pero tampoco alcanza con que una causa exista en un papel.
La ciudadanía necesita saber que las denuncias que involucran fondos públicos son investigadas con la misma seriedad, independientemente de quién gobierne y de quién pueda quedar políticamente expuesto.
Porque cuando una investigación sobre recursos públicos se demora, el tiempo no es neutral.
Mientras el expediente duerme, el contrato sigue vigente, el servicio continúa y el dinero público sigue circulando.
Por eso la frase que empieza a instalarse alrededor de esta causa resulta incómoda, pero expresa una preocupación concreta: la causa duerme en el silencio de los justos.
Y el riesgo de cualquier investigación tardía es que la Justicia termine llegando cuando el daño al erario público ya esté consumado, si es que finalmente se comprobara que existió un perjuicio.
Eso no significa afirmar que haya delito ni que exista daño patrimonial probado. Hasta ahora hay una denuncia y cuestionamientos que deben ser investigados. Tampoco corresponde condenar anticipadamente a funcionarios o empresarios.
Pero precisamente por eso hace falta investigar.
Porque si todo fue legal, la propia investigación debería servir para despejar las dudas. Y si hubo irregularidades, corresponde que sean determinadas y que quienes tengan responsabilidad respondan ante la Justicia.
En democracia, la demora judicial no debería convertirse en una forma de respuesta.
Los vecinos de Concordia tienen derecho a saber qué ocurrió con una contratación que compromete una suma millonaria de dinero público. Y tienen derecho a que esa respuesta llegue antes de que el paso del tiempo convierta una eventual irregularidad en un hecho imposible de reparar.
La Justicia no tiene que llegar cuando el daño ya está hecho. Tiene que llegar a tiempo para evitarlo, si es que hay algo que evitar.
Ese es, en definitiva, el desafío que tiene por delante la investigación por VITSA.
La clave editorial que mantuve es importante: no presenté como probado ningún delito ni un perjuicio al Estado. La frase sobre que la causa “duerme en el silencio de los justos” queda como una valoración periodística, mientras que la situación procesal y los cuestionamientos están atribuidos a sus protagonistas y fuentes. Fuente: Diario Junio
