En Puerto Yeruá, una localidad del sur del departamento Concordia, crece el malestar entre los vecinos debido a la situación que atraviesa el tradicional camping municipal. Según denuncias, el espacio, que solía ser un lugar clave para actividades recreativas y sociales, ha perdido su propósito original tras decisiones tomadas por las autoridades locales.
La raíz del conflicto
Todo comenzó en 2016, cuando la gestión municipal permitió que una familia se instalara en el edificio donde funcionaba una proveeduría dentro del predio del camping. Desde entonces, el lugar dejó de estar disponible para eventos y reuniones que tradicionalmente congregaban a la comunidad.
“Años atrás se hacían bailes, había una cancha de vóley, y en la proveeduría era común disfrutar de una pizza o una partida de pool con una vista hermosa del río”, lamentó una vecina. Otro habitante destacó la importancia de estos espacios para una comunidad pequeña como Puerto Yeruá: “Era un punto de encuentro fundamental para las familias y los jóvenes”.
Aunque los vecinos aseguran no tener problemas con la familia que habita el lugar con siete hijos, consideran que nueve años fueron más que suficientes para que el municipio encontrara una solución definitiva. “No es culpa de ellos, pero el municipio debería haber resuelto esta situación hace tiempo”, señaló otra vecina que prefirió no revelar su identidad.
Más cuestionamientos
A esta problemática se suma la construcción de una casilla en el predio, supuestamente destinada al cuidador del lugar. Sin embargo, los vecinos cuestionan su utilidad, ya que el predio permanece cerrado durante todo el año y no se desarrollan actividades. Según las denuncias, el hombre de apellido Luna que ocupa la casilla, estaría allí debido a su situación habitacional y no por cumplir funciones de mantenimiento o cuidado del lugar.
“Esto evidencia la falta de soluciones estructurales por parte del gobierno municipal, que opta por medidas precarias que no resuelven el problema de fondo”, opinó otro lugareño.
Más polémica
La situación se complicó aún más cuando el municipio autorizó recientemente la construcción de un quiosco en el predio, gestionado por un vecino conocido como «el Chila». Los habitantes de Puerto Yeruá cuestionan la legalidad de esta decisión, ya que no se realizó un llamado a licitación pública para la concesión del espacio.
“Esto es otro parche que demuestra improvisación. No hay claridad ni transparencia en las decisiones”, reclamaron los vecinos, quienes exigen la intervención del Concejo Deliberante para buscar soluciones definitivas y garantizar que el camping vuelva a ser un espacio público al servicio de todos.
Un llamado a respuestas
Los habitantes de Puerto Yeruá solicitan que los concejales y el intendente Daniel Benítez respondan de manera inmediata a estas denuncias. Para ellos, recuperar el camping y garantizar su correcto uso no solo resolvería conflictos actuales, sino que también devolvería a la comunidad un espacio que forma parte de su identidad y vida social.
Por ahora, el malestar sigue creciendo y la incertidumbre se mantiene mientras esperan respuestas claras y acciones concretas.
