El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura admitió que el financiamiento nacional para obra pública se redujo fuertemente desde 2024 y llegó a cero en 2026. Además, se reconocieron deudas por más de $3.200 millones con 23 empresas constructoras. En tres años y medio se realizaron contrataciones directas por casi $5.000 millones.
La falta de fondos nacionales para sostener la obra pública en Entre Ríos se profundizó en los últimos años. Según información proporcionada por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de la provincia, las transferencias nacionales destinadas a obras pasaron de $3.068 millones efectivamente recibidos en 2023 a cero pesos en 2026, hasta el último corte informado.
El propio organismo provincial reconoció que desde 2024 se produjo una “fuerte reducción del financiamiento nacional”, situación que obligó a Entre Ríos a afrontar con recursos propios distintas obligaciones vinculadas con la continuidad de las obras.
En paralelo, la Provincia debió reconocer deudas acumuladas con empresas constructoras. En 2024 se firmaron convenios para regularizar certificados de obra pendientes y, como parte del acuerdo, las compañías debieron desistir de reclamos administrativos y judiciales.
La Nación dejó de girar fondos para obras
Los datos oficiales muestran una caída pronunciada de los recursos nacionales destinados a obra pública.
En 2023, el presupuesto contemplaba $11.141 millones en transferencias de capital de origen nacional, de los cuales ingresaron efectivamente $3.068 millones.
Durante 2024, el crédito previsto aumentó a $13.215 millones, pero la recaudación efectiva cayó a $1.343 millones.
En 2025, se presupuestaron $10.402 millones y nuevamente ingresaron $1.343 millones, correspondientes al Plan de Mejoras de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional, destinado a infraestructura de Educación Técnica.
Para 2026, hasta el 20 de julio, se habían previsto $2.177 millones, pero no había ingresado ningún peso de origen nacional.
Uno de los casos más significativos es el de la subfuente correspondiente a los aportes de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Entre 2023 y 2025 acumuló créditos presupuestarios por varios miles de millones de pesos, pero no registró transferencias efectivas en ninguno de esos ejercicios.
Una situación similar se produjo con los fondos destinados a la defensa del casco urbano de Villa Paranacito, que acumularon créditos entre 2023 y 2026 sin que se concretara ningún desembolso.
También se interrumpieron los aportes del ENOHSA. En 2023 había transferido $1.824 millones sobre un crédito de $4.448 millones. En 2024 se habían previsto otros $5.343 millones, pero no se recibió dinero. Desde 2025, esa fuente directamente dejó de aparecer como ingreso en la planilla.
La Provincia terminó poniendo más recursos propios
Mientras disminuían los fondos nacionales, el Tesoro entrerriano fue asumiendo una mayor parte del financiamiento.
El presupuesto del Ministerio de Planeamiento pasó de un crédito original de $24.554 millones en 2023 a $56.016 millones en 2024 y $64.625 millones en 2025.
Sin embargo, el incremento presupuestario no se tradujo necesariamente en una mayor ejecución.
En 2023 se ejecutaron $35.588 millones. En 2024 fueron $35.149 millones, incluso en un contexto de inflación superior al 100%.
La ejecución mejoró en 2025, cuando alcanzó $62.970 millones, mientras que para 2026 se habían ejecutado $25.515 millones al 6 de julio.
El cambio también se observa en el origen de los recursos. Los fondos ejecutados provenientes del Tesoro Provincial pasaron de $28.638 millones en 2023 a $31.432 millones en 2024 y $54.187 millones en 2025.
En cambio, los recursos de afectación específica, donde se incluyen aportes nacionales, descendieron fuertemente en 2024 y recién mostraron una recuperación durante 2025.
Casi $5.000 millones en contrataciones directas
Otro de los datos que surge de la información oficial está relacionado con las contrataciones directas realizadas por el Ministerio.
Entre 2023 y julio de 2026 se registraron 417 contrataciones directas por emergencia, por un compromiso total cercano a $4.997 millones.
El detalle por año es el siguiente:
2023: 151 contrataciones por $515,7 millones.
2024: 141 contrataciones por $2.143 millones.
2025: 86 contrataciones por $1.766,4 millones.
2026: 39 contrataciones por $572 millones.
El dato que sobresale es lo ocurrido durante 2024, cuando las contrataciones directas por emergencia se multiplicaron respecto del año anterior y superaron los $2.100 millones.
En paralelo, los concursos de precios tuvieron una fuerte caída ese año: apenas se registraron 11 procedimientos por $19,7 millones, frente a los 109 concursos de 2023 por $326,2 millones.
Durante 2025 los concursos volvieron a crecer, con 84 expedientes por $1.199,4 millones, y en lo que va de 2026 se contabilizaron 64 por $776,8 millones.
En total, los concursos de precios alcanzaron 268 expedientes y $2.322 millones durante el período analizado.
Más de $3.200 millones reconocidos a constructoras
Uno de los puntos centrales de la información oficial es la deuda acumulada con empresas constructoras por certificados de obra correspondientes a 2023.
La Provincia implementó un mecanismo para reconocer esas obligaciones y avanzar con su cancelación. Los convenios contemplaban que las empresas desistieran de reclamos administrativos y judiciales a cambio del reconocimiento de la deuda y un esquema de pago.
Entre las compañías alcanzadas aparecen:
Norvial Arg. S.A.: $444,3 millones.
CEMYC S.R.L.: $352,3 millones.
Luis Losi S.A.: $315,5 millones.
Mecall S.R.L.: $278,5 millones.
Dos Arroyos S.A.: $211,6 millones.
Traza S.A.: $189,9 millones.
Pitón José Eleuterio: $183,5 millones.
V.E.R.C.O. S.A.: $168,7 millones.
Del Litoral Obras, Servicios y Montajes S.A.: $130,8 millones.
JCB Construcciones S.A.: $114,1 millones.
También figuran Antolín Fernández, Incar, Gasoducto del Noreste UT, Daniel Barón, Edico, MC Construcciones, Lemiro Pablo Pietroboni, Piacenza, Gette, Cimbra Constructora, Calaco Construcciones, Eco Ingeniería y Cocco Construcciones, entre otras.
Los 23 convenios identificados representan unos $3.269 millones en deudas reconocidas al 31 de diciembre de 2023, sin contabilizar los intereses moratorios que debían liquidarse en cada caso.
Los acuerdos establecían distintas modalidades de pago, desde cancelaciones en una sola cuota hasta esquemas de dos o tres pagos mensuales.
Una asistencia financiera para las empresas
Meses después, la Provincia implementó otro mecanismo para asistir a las constructoras con certificados de obra pendientes.
A través de los Decretos 1577/24 y 1578/24, se acordó con el Nuevo Banco de Entre Ríos una línea de financiamiento de hasta $15.000 millones para empresas que contaran con certificados emitidos e impagos.
Las constructoras podían acceder a créditos utilizando esos certificados como respaldo. La Provincia asumió además una parte importante del costo financiero, mediante un subsidio sobre la tasa de interés.
En otras palabras, el esquema permitió que las empresas pudieran obtener financiamiento bancario mientras esperaban el cobro de certificados adeudados por el Estado.
¿Qué pasó con las obras financiadas por Nación?
Ante la interrupción del financiamiento nacional, Entre Ríos y el Gobierno nacional firmaron en junio de 2024 un Acuerdo Marco de Colaboración para definir el futuro de las obras que habían quedado paralizadas.
El esquema contempló diferentes alternativas: algunas obras continuarían bajo financiamiento nacional, otras serían asumidas por la Provincia y otras podrían ser transferidas a los municipios.
Posteriormente, durante 2025, distintos decretos establecieron mecanismos de traspaso, continuidad, rescisión y regularización de las obras, junto con herramientas para reconocer y cancelar certificados pendientes.
Sin embargo, el Ministerio no acompañó con la respuesta un listado completo de las obras involucradas y remitió a los anexos de los decretos y a los sistemas oficiales de consulta.
Información que quedó sin entregar
El pedido de acceso a la información también buscaba conocer detalles sobre licitaciones públicas y privadas, compras y contrataciones, redeterminaciones de precios y un ranking de contratistas.
En estos puntos, el Ministerio sostuvo que no cuenta con información consolidada en un único reporte y derivó la consulta a diferentes sistemas oficiales.
Respecto de las licitaciones, explicó que cada procedimiento puede ser rastreado mediante el portal de licitaciones, el sistema de Consulta de Expedientes y la Consulta de Normas.
Para las compras y contrataciones, indicó que la información se encuentra distribuida en expedientes individuales y en el sistema SIAF, sin un informe consolidado con las características solicitadas.
Sobre las redeterminaciones de precios, señaló que deben analizarse dentro de cada expediente de obra.
Finalmente, respecto de un ranking de contratistas, la respuesta fue contundente: “Esta jurisdicción no cuenta con un ranking oficial de contratistas”.
Un escenario de fuerte dependencia de los recursos provinciales
Los números muestran un cambio profundo en el esquema de financiamiento de la obra pública entrerriana.
La caída de los aportes nacionales obligó a la Provincia a utilizar cada vez más recursos propios para sostener obras y afrontar compromisos heredados, mientras las constructoras acumularon certificados pendientes de pago y recurrieron a diferentes mecanismos para obtener financiamiento.
Al mismo tiempo, durante 2024 las contrataciones directas por emergencia adquirieron un peso mucho mayor, mientras los concursos de precios prácticamente desaparecieron.
El panorama deja planteado un desafío para la administración provincial: sostener el ritmo de la obra pública con recursos propios en un contexto en el que los fondos nacionales para infraestructura se redujeron drásticamente y todavía existen importantes obligaciones pendientes con empresas constructoras.
Fuente Radio Victoria
