La crisis que atraviesa el PAMI volvió a quedar al descubierto este martes en Concordia, donde jubilados, afiliados y representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizaron una ruidosa manifestación frente a la sede de la Unidad de Gestión Local (UGL) 34 para denunciar el deterioro de las prestaciones, la falta de atención médica y las crecientes dificultades para acceder a medicamentos y servicios esenciales.
La protesta, que incluyó un corte parcial del tránsito en la esquina de Tucumán y Urquiza, reflejó el malestar que se vive entre los afiliados de la obra social más importante del país. Los manifestantes reclamaron respuestas ante lo que califican como una crisis terminal del organismo, marcada por la suspensión de prestaciones, demoras en la atención y un sistema que, aseguran, cada vez deja a más jubilados sin cobertura efectiva.
Tras varios minutos de manifestación, una delegación de diez personas fue recibida por la titular de la UGL 34, Karina Bernardi. Del encuentro participaron jubilados, dirigentes de ATE y referentes sociales, quienes entregaron un petitorio con los principales reclamos vinculados al funcionamiento del PAMI.
Antes de la reunión, Bernardi sostuvo que la convocatoria tenía un carácter gremial y no respondía exclusivamente a un reclamo de jubilados, aunque manifestó su disposición a recibir a un grupo de representantes. Durante el encuentro, que se extendió por unos 40 minutos, los asistentes expusieron las dificultades que enfrentan diariamente los afiliados para conseguir turnos, acceder a especialistas, obtener medicamentos y mantener tratamientos médicos.
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando la responsable de la UGL afirmó que no se consideraba una funcionaria política, sino una empleada del organismo que actualmente ocupa la conducción regional. Esa definición fue cuestionada por algunos de los presentes, quienes señalaron que, por el cargo que desempeña, representa al Gobierno nacional y, por lo tanto, debía dar respuestas a las demandas de los afiliados.
La preocupación de los manifestantes apunta a un escenario que, aseguran, se agrava semana tras semana. Denuncian que cada vez son más frecuentes las interrupciones en las prestaciones médicas, las demoras en los pagos a profesionales y clínicas, la reducción de servicios y las dificultades para acceder a medicamentos gratuitos, una situación que golpea especialmente a los adultos mayores con enfermedades crónicas.
Finalizada la reunión, los representantes de la protesta entregaron formalmente el petitorio y se retiraron de las oficinas. Bernardi optó por no realizar declaraciones públicas y explicó que cualquier comunicación sobre lo sucedido debía contar previamente con autorización de las autoridades centrales del PAMI.
Mientras tanto, puertas adentro del organismo, la preocupación también alcanza a los propios trabajadores. En distintos sectores de la sede pueden observarse carteles con consignas que denuncian un «PAMI en crisis», reclaman el fin del vaciamiento del organismo, mejoras salariales y la restitución de prestaciones médicas y sociales. Además, empleados consultados manifestaron su malestar por el clima laboral y denunciaron situaciones de tensión dentro de la dependencia.
La movilización dejó en evidencia una realidad que preocupa cada vez más a miles de jubilados: un sistema que muestra serias dificultades para garantizar prestaciones básicas y que, según denuncian afiliados y trabajadores, atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años.
